Más presión para cerrar una negociación, la del texto definitivo de la ley de amnistía, que no deja de sufrir sobresaltos. Fuentes parlamentarias confirman que, después de que Junts decidiera este martes cumplir su amenaza y congelar la tramitación de la norma por la negativa del PSOE a seguir cediendo ante sus exigencias de modificación, el plazo que se abrirá ahora para renegociar y tratar de alcanzar un acuerdo no será de un mes, como se planteó inicialmente, sino de tan solo 15 días. Eso implica que las conversaciones podrían extenderse, incluso, hasta unos pocos días antes o después de las elecciones gallegas, previstas para el 18 de febrero.
El artículo 131.2 del reglamento del Congreso establece que, en el caso de la Cámara Baja no apruebe en primera instancia una ley orgánica —las que requieren una mayoría reforzada para ser aprobadas, como es el caso de la de amnistía—, la iniciativa no queda totalmente derribada, sino que se da a los grupos una segunda oportunidad para intentar alcanzar un acuerdo. "El proyecto será devuelto a la comisión", el órgano reducido del Congreso en el que la amnistía se debatió y retocó antes de ser sometida a votación este martes, y será esa instancia la que "deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes", señala el reglamento.
Ese, por tanto, es el plazo ordinario: un mes. Pero, dado que el Gobierno y sus socios querían tramitar la norma lo más rápidamente posible, aprobaron hace unos meses que su tramitación estuviera sometida al procedimiento de urgencia. Esta vía está recogida en el reglamento, se usa con cierta frecuencia y tiene como efecto que todos los plazos de la tramitación se ven reducidos a la mitad. De ahí que, por ejemplo, los grupos solo tuvieran una semana en lugar de los habituales 15 días para presentar enmiendas al texto. Y de ahí que, después de lo ocurrido este martes en el Congreso, el tiempo para renegociar entre PSOE y Junts quede reducido a dos semanas, en lugar de a un mes.
Fuentes parlamentarias explican que será la Mesa del Congreso, en la que tienen mayoría PSOE y Sumar, la que "formalizará el próximo martes el plazo, que será de 15 días". Asimismo, este órgano deberá determinar "cuándo comienza a contar" ese plazo de 15 días, ya que el reglamento no deja claro a partir de cuándo debe iniciarse la cuenta atrás. Si se decidiera tomar como punto de partida la fecha en la que el Pleno del Congreso derribó el texto por el voto negativo de Junts, debería emitirse un nuevo texto definitivo antes del 14 de febrero para ser sometido al voto de los diputados. Si, por el contrario, se toma como referencia la propia reunión de la Mesa, el plazo finalizaría el 21 de febrero.
En cualquier caso, la reapertura de la ley de amnistía que ha forzado Junts va a marcar la campaña electoral de los comicios autonómicos de Galicia, que se celebrarán el domingo 18 de febrero. Por ahora, ni el PSOE ni el partido de Carles Puigdemont han dado ninguna muestra de querer moverse de sus posiciones: los socialistas ya dijeron el martes que no habrá más cambios en un articulado que ha costado meses acordar y que ha contado en su redacción con los propios juristas de Junts, mientras el partido de Puigdemont amenazó este miércoles al PSOE asegurando que, si "no se mueve", "no habrá ley". Para Junts, la actual redacción "deja fuera a muchísima gente".
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